Diario Información,Elda/Vinalopó 2 Enero 2013.
P. GUZMÁN
La gestión, el tratamiento y la eliminación de los residuos sólidos urbanos es seguramente uno de los contratos municipales que, por unos motivos o por otros, siempre está en el punto de mira y que más suspicacias despierta a lo largo y ancho de la provincia de Alicante. En el caso de Elda la paradoja está más que servida. Y es que el Ayuntamiento suma, a la que ya de por sí es la contrata municipal más gravosa para las arcas públicas, un importante sobrecoste adicional por el hecho de tener que llevar sus basuras a la planta de Villena.

Hasta ahí, y si no se diera el caso de que Elda alberga en su propio término municipal un vertedero, con todo lo que ello conlleva, todo normal. Pero el hecho es que, tras largos años de polémica, la planta de residuos de la partida Las Cañadas, situada en término municipal de Elda y denunciada por IU ante Bruselas, continúa estando totalmente operativa. Y mientras Elda, y los eldenses, pagan hasta dos millones de euros al año por tener que llevar sus basuras hasta Villena, el presuntamente irregular vertedero de Las Cañadas sigue recibiendo residuos de otros municipios de la geografía española (de la Comunidad, Tarragona,...).


Llegados a este punto, y teniendo en cuenta que precisamentas las arcas municipales no están para muchos gastos y más si se pueden evitar o reducir considerablemente, cualquier ciudadanos se podría preguntar porqué, ya que el vertedero de Las Cañadas continúa funcionando tranquilamente y dando servicio a otros municipios, no puede también Elda llevar allí sus basuras y abaratar por lo tanto los costes a las arcas públicas y, por ende, a los ciudadanos. O, en su caso, también cabría preguntarse porqué, si se considera que el vertedero es una instalación ilegal, no se ha cerrado todavía. Sin embargo, ni una cosa ni la otra. Y aquí es donde la paradoja está servida. Por un lado, Elda legalmente está obligada a verter sus basuras en Villena porque allí se ubica la planta de tratamiento que le corresponde tal y como establece el Plan Zonal XIII.

La Generalitat no mueve ficha
Por otro lado, y pese a los ríos de tinta que han corrido durante años y años en torno al vertedero de Las Cañadas y su presunta ilegalidad (la licencia de actividad le fue concedida por lo que se conoce como silencio administrativo), las administraciones competentes (en primera instancia, la Conselleria de Medio Ambiente) siguen sin mover la ficha definitiva, pese a los movimientos habidos en algún momento y que han llevado a pensar que la Generalitat Valenciana iba a tomar cartas finalmente en el asunto. Es el caso por ejemplo de las diversas inspecciones que han estado llevado a cabo durante este pasado año técnicos municipales para supervisar la actividad del vertedero por encargo de la propia Conselleria.

Igualmente, y mientras desde la empresa que getiona el vertedero se sigue insistiendo en que su actividad es totalmente legal y denuncian a su vez que la instalación está siendo víctima de una persecución, se hizo público un expediente sancionador abierto por la Generalitat. En el mismo, se acreditaba la situación irregular de la instalación, concretamente se hacía constar que ni la planta de tratamiento ni el vaso número dos -donde se estaban vertiendo residuos- disponían de la preceptiva autorización ambiental y se decretaba el cese de actividad. Sin embargo, el tema no ha ido a más, o al menos que se sepa.

Mientras, la factura que en conjunto el Ayuntamiento de Elda paga por todo el proceso de la gestión de las basuras y la limpieza, ya casi roza los siete millones de euros con la subida del IVA y la actualización del IPC.